En 10 comunidades que reclaman presupuesto directo hay conflicto con ayuntamientos


Raúl López Téllez

De 20 comunidades indígenas en 11 municipios, alrededor de una decena se mantienen en conflicto con los ayuntamientos al resistirse a aceptar y facilitar la asignación de presupuesto directo a las mismas, estimó Pavel Ulianov Guzmán, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
El tema de los recursos directos, especificó, no es el único motivo de conflicto con las autoridades municipales, señaló, sino que intervienen otros factores ligados a la pretensión de autonomía de las comunidades, entre los que señaló la intromisión de partidos.
En la rueda de prensa donde en conjunto con integrantes de los concejos de Sevina, Comachuén y Nahuatzen, rechazaron las acusaciones de la alcaldesa de Morena en la cabecera municipal, Mayra Morales Morales, de presuntos intereses particulares sobre el uso de los recursos ante el reclamo de los comuneros sobre su negativa a entregarlos, Ulianov Guzmán indicó que 10 comunidades se encuentran inmersas en el proceso no solo por el presupuesto directo, “sino tiene que ver con su autonomía, elección del concejo comunal y un plan de desarrollo comunal”.
Cito a otras comunidades donde el proceso “no ha sido tan álgido”, como la comunidad de San Benito y el ayuntamiento de Pamatácuaro; “en el caso de Pátzcuaro con Cuanajo fue igual, los presidentes están defendiéndose jurídicamente pero no están interviniendo en la organización interna de las comunidades; el único caso donde lo está haciendo es en Nahuatzen, ahí si quiere imponer jefe de Tenencia o Comisariado o quiere imponer otros concejos, es la estrategia que ahora usa el Estado mexicano, que sabe o entendió que los procesos de autonomía son irreversibles”, por lo que buscan, dijo, “imponer concejos afines”.
Nahuatzen, San Benito, Cocucho, Aranza, Pichataro, San Felipe, fueron entre otras las comunidades que dijo, realizaron en el año pasado sus procesos de presupuesto directo, mismo que tendrán que ratificar en asambleas, para las que se revisa el procedimiento jurídico. “Lo que estamos haciendo es legal, es legítimo, está en la Constitución, en los tratados internacionales, lo que quiere el Estadio mexicano es retardar estos procesos”.

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